
El polvo tras el veto presidencial a la ley sobre criptomonedas aún no ha caído, y los medios de comunicación ya nos ofrecen un auténtico thriller. Espías rusos, financiación del terrorismo y un ejército de 600 000 polacos estafados. ¿Suena peligroso? Sí, claro. El problema es que esta narrativa tiene poco que ver con la realidad.
Como profesional del mercado, lo digo sin rodeos: MiCA es el salto civilizatorio que estábamos esperando. Pero lo que está sucediendo ahora en la esfera pública es un teatro político en el que se ha confundido el negocio legal con los delincuentes.
Aquí tienes 5 datos que debes saber para no caer en la espiral del miedo. 👇
El primer ministro, al inaugurar la sesión del Gobierno, lanzó una bomba: 600 000 polacos afectados. La cifra es abrumadora: ¡es toda la población de Breslavia! Decidí comprobar la fuente (informe del PIE). ¿Qué descubrí? Es el resultado de una encuesta en línea realizada a una muestra de... 1220 personas. Se utilizó una «metodología simplificada de previsión» (es decir, un estudio de opiniones y tendencias, no de hechos delictivos). En realidad, se trata de las opiniones subjetivas de unos 29 encuestados, que luego se extrapolaron a toda la población. ¿Construir una narrativa sobre la amenaza a la seguridad del Estado basándose en las opiniones de menos de 30 personas? En ciencia, esto es un error de generalización. En política, un arma cómoda contra el oponente.
El informe mete todo en el mismo saco: la caída de la bolsa, el phishing habitual y... la caída del tipo de cambio (porque alguien compró en el pico y se siente «engañado»). La verdad es que la mayoría de los delitos relacionados con las criptomonedas son estafas clásicas «de inversión» o «del nieto». Las criptomonedas son solo un medio de pago, como el dinero en efectivo o BLIK.Lo absurdo de la situación: el Gobierno quiere apretar las tuercas a las bolsas profesionales y legales (CASP) para luchar contra los estafadores en WhatsApp. Es como si quisiéramos ilegalizar los smartphones por las estafas telefónicas. Los delincuentes no temen a la KNF, porque actúan al margen de la ley.
La ley tenía por objeto aplicar el reglamento MiCA de la UE. Es sencillo: tomamos la norma de la UE y actuamos. ¿Qué hizo el Gobierno polaco? Añadió la versión «UE+N», es decir, añadió requisitos superfluos y propios que no provienen de Bruselas y que solo dificultan la vida a las empresas polacas. Fue precisamente este «lastre» legislativo (gold-plating) y la falta de diálogo lo que llevó al veto.
Las normas de la UE estaban listas en junio de 2023. El proyecto polaco llegó al Sejm... dos años después, en junio de 2025. El Gobierno disponía de un amplio margen de tiempo. En lugar de eso, nos ha regalado una carrera legislativa de última hora. Ahora se intenta culpar al mercado, gritando sobre terroristas. Es un juego cínico en el que la innovación es rehén de la política.
Mientras nosotros discutimos sobre definiciones y asustamos a la sociedad, las empresas hacen las maletas. Ramp, una de las empresas polacas valoradas en más de 1000 millones de dólares, acaba de obtener una licencia en Irlanda.Las empresas nacionales no huyen de las regulaciones. Huyen del caos y la incertidumbre. Buscan un refugio seguro, donde los funcionarios entiendan de negocios y los procesos duren semanas, no años. El capital se va, y en Polonia solo quedarán aquellos a los que la KNF (Comisión Nacional de Vigilancia Financiera) no pueda alcanzar, es decir, los verdaderos delincuentes.
El veto nos da un respiro, pero el tiempo corre. Si no queremos arruinar la industria polaca de las criptomonedas, necesitamos:
No permitamos que Polonia se convierta en un museo digital debido a los juegos políticos. El mundo de las finanzas (¡incluso BlackRock!) se está decantando por las criptomonedas. Nosotros seguimos intentando ofendernos por la electricidad.
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